| Se demora el acuerdo de precios de la carne |
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Los ganaderos le entregarán al Gobierno una contraoferta.
El acuerdo de precios que el Gobierno busca firmar con ganaderos y productores está trabado. Según la Secretaría de Agricultura, se contemplan aumentos de hasta el 10% en la mercadería a salida de planta, pero, para los productores, los valores establecidos en el borrador del convenio no sólo no subirían en función de la inflación, sino que además estarían por debajo de los precios de mercado actualmente vigentes. Las entidades representativas de la producción, decididas a aprovechar la instancia de negociación con el Gobierno -lo que no ha sido muy frecuente en la administración anterior-, dejarían momentáneamente a un costado las diferencias por los precios y tratarían de avanzar en otros aspectos tanto o más urgentes para la ganadería. Por eso, en las últimas horas, han trabajado en una contrapropuesta para entregarle en breve al secretario de Agricultura, Javier de Urquiza. LA NACION tuvo acceso a una versión preliminar de ese trabajo consensuado por algunas entidades, cuyos principales puntos son estos: Además de los 180 millones de pesos prometidos por Agricultura para planes de fomento de la actividad, los productores pedirán "incentivos fiscales a la retención de vientres y a la compra de reproductores, y a la producción de novillos pesados; amortizaciones aceleradas y devolución del IVA a las inversiones en infraestructura y maquinaria para la producción ganadera, con similar tratamiento al que se le está otorgando a la industria; proponer a las provincias la reducción o eliminación del impuesto a los ingresos brutos en la venta de ganado; instrumentar un mecanismo para permitir al criador la terminación de sus terneros". En materia de exportaciones, los productores le pedirán a Agricultura un compromiso mayor: que además de permitir ventas al exterior este año por hasta 550.000 toneladas, se firme que en 2009 se agregarán 55.000 toneladas más para llegar a 605.000 toneladas. Y a instancias de la industria, se pedirá que el otorgamiento de los ROE (registros de operaciones de exportación, trámite administrativo obligatorio) no baje de las 40.000 toneladas mensuales. Actualmente, el Gobierno regula las exportaciones mediante ese instrumento, retaceando su entrega cuando considera que la demanda externa tironea demasiado de los precios locales. Los productores se suman a los industriales y piden la liberación total de las exportaciones de productos termoprocesados. Por la cuotificación de esas ventas (carne cocida congelada, extractos de carne, etc.) Swift decidió despedir, a partir del 29 de este mes, a 91 trabajadores de su planta de San José (Entre Ríos), y Friar tomó una decisión similar en sus instalaciones de Santa Fe. Los productores piden que los precios de los terneros que no tengan como destino la faena estarán libres de cualquier intervención o referencia a los precios mencionados en el acuerdo. La ganadería de cría (o fábrica de terneros, como se la conoce) ha resultado severamente afectada por la caída de los precios. Las entidades también pedirán que se incluya en el acuerdo una promesa de financiamiento de la modernización de los frigoríficos cuyas instalaciones no estén preparadas para el troceo de la res. De esa manera, podría unificarse cierto estándar industrial mínimo que le permitiría exportar. "Hay que hacer las cuentas para saber cuánto sale modernizar esas plantas y que con créditos a tasa subsidiada se hagan las inversiones y se pueda luego subsidiar el consumo interno con las exportaciones, porque la tonelada de cuota Hilton ya está en 17.500 dólares", dijo una fuente de la producción. También pedirán que en el marco de las compensaciones implementadas o a implementarse por el Estado, se fortalecerán los sistemas de producción de carne contemplando a todos los productos y a los diversos sistemas productivos. En concreto, se busca que se compense a los criadores que engordan su propio ganado, tal como se hace con los feedlots. El 8 de marzo se cumplirán dos años de que el ex presidente Néstor Kirchner prohibió primero y mantuvo restringidas después las exportaciones de carne. Desde entonces, la ganadería entró en un proceso de liquidación de vientres (descapitalización) y se disparó el consumo (que llega a los 70 kilos per cápita anuales). Ahora, Gobierno, productores y frigoríficos buscan encontrarle una salida a esta crisis. Ni en la Secretaría de Agricultura ni en la industria frigorífica quisieron comentar los términos de la negociación. Fuente: La Nación |
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